El pasado 30 de junio el Instituto Nacional de Estadística publicó los Censos de Población y Viviendas 2021. Es, por su alcance y envergadura, una de las publicaciones estadísticas más importantes para determinar la situación de la vivienda en España. Además, esta última edición incluye una nueva metodología para determinar las viviendas vacías en base a sus consumos eléctricos, lo que permite, de una forma objetiva, cuantificar todas aquellas que tienen un uso efectivo inferior al previsto.
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Tras una larga pausa debida a las elecciones locales, este bloc de notas sobre vivienda vuelve a la actividad.
El pasado 26 de mayo se publicaba por fin en el BOE la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda. La iniciativa estrella en materia de vivienda, que se había venido cocinando desde como mínimo 2019, fue objeto de una larguísima tramitación, fruto del desencuentro entre PSOE y Podemos en algunos aspectos esenciales, como la limitación de los precios de alquiler. Por el camino, han caído ministros y secretarios de Estado, sin que por ello avanzara de forma significativa la negociación. Hemos pasado una pandemia mundial, gracias a la cual se creó un escudo social que también tuvo en cuenta en alguna medida las cuestiones de vivienda. Y cuando aún no se había superado completamente esa crisis, una invasión injusta en la frontera de Europa ha disparado los precios —incluyendo los costes de construcción— y los tipos de interés, haciéndonos perder todavía más terreno en el ámbito del acceso a la vivienda.
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Hace unos pocos días, la ínclita señora Neus Truyol Caimari, regidora de urbanismo del Ayuntamiento de Palma y candidata a la alcaldía en las próximas elecciones, sorprendió a propios y a extraños anunciando la futura construcción de viviendas sociales con contenedores marítimos de mercancías.
Se ha levantado mucha polémica al respecto, con declaraciones cruzadas por parte de la oposición sobre la adecuación o no de una solución de este tipo, pero lo cierto es que es una técnica constructiva que se ha demostrado viable y que ya fue utilizada con algún acierto por parte del Ayuntamiento de Barcelona. La “dignidad” de una vivienda no depende en absoluto de las técnicas constructivas que se utilicen, ni tan solo de los materiales empleados, sino de alcanzar una serie de estándares fijados por el Código Técnico de la Edificación y el decreto que regula los criterios de habitabilidad en Baleares.
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Según San Francisco de Sales, fue San Bernardo de Claraval el que dejó dicho que “el camino del infierno está empedrado de buenas intenciones”. Hoy traemos a este bloc de notas de vivienda un ejemplo reciente de la vigencia de este aforismo.
Pero dejemos ya de hablar de santos: la vicepresidenta primera del Parlamento de las Islas Baleares, Gloria Pilar Santiago i Camacho, diputada autonómica por Ibiza por el partido Unidas Podemos, registró el pasado día 30 de enero una proposición de ley que pretende modificar el último párrafo del apartado 1 del artículo 20 de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU). La propuesta llega esta vez en tiempo y forma, y no como en la última proposición de ley planteada por este partido, que desmenuzamos en un artículo anterior. La proximidad de los comicios de mayo parece que está engrasando la actividad de algunos diputados, como es el caso de la Sra. Santiago, que en los más de 44 meses transcurridos desde las últimas elecciones, en las que fue elegida, solo ha presentado dos proposiciones de ley: una modificación del reglamento del Parlamento de Baleares, escrita al alimón con otros cinco diputados de tres partidos, y, en solitario, la que aquí comentaremos a continuación.
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