Quienes me conocen bien saben que no sufro exactamente de optimismo antropológico. Sin embargo, ante las nuevas coordenadas que se plantean para esta legislatura, sí que me permito un pequeño rayo de esperanza en cuanto a políticas públicas de vivienda de ámbito estatal.

Primero, porque el punto de partida es algo mejor: tenemos por fin una ley de vivienda de ámbito estatal, la primera en democracia. Mejorable, sin duda, pero que sienta algunas herramientas importantes y que deberá impulsarse y desarrollarse para demostrar su impacto. Especialmente a nivel urbanístico, puede tener mucho recorrido.

Segundo, porque por fin la vivienda recupera un necesario protagonismo en la configuración del nuevo Gobierno, con un ministerio separado, el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, dos asignaturas pendientes en las que queda mucho por hacer. Cierto es que las competencias en materia de vivienda están transferidas a las Comunidades Autónomas, pero está claro que la cuestión de la vivienda, por su transversalidad, impacta de lleno en otros muchos ámbitos, algunos de ellos de competencia exclusiva estatal. Es por ello que resulta necesario que el Estado reivindique este papel y la importancia de las políticas de vivienda. Tras su desaparición en 2010, destinarle de nuevo un ministerio propio a la vivienda es toda una declaración de principios. Estaremos muy atentos al trabajo de Isabel Rodríguez, ministra con un perfil político que ha demostrado capacidad y empuje.

Tercero, porque algunas posiciones más radicales, que han tratado de condicionar todas las políticas públicas a la actividad directa del sector público, sin contar para nada con el sector privado, parecen estar en horas bajas. Este retroceso de la facción más intervencionista puede permitir medidas más equilibradas en las que, el sector público, además de configurarse como promotor directo de vivienda, sea también un facilitador de la acción de la promoción privada, pero con unas reglas claras que se orienten a la construcción de vivienda asequible, limitando las posibilidades reales de especulación que tanto daño han hecho en este ámbito.

Soy consciente en cualquier caso del reverso de retos al que nos enfrentamos: un encarecimiento muy significativo de la financiación, tanto para los promotores como para los compradores; un encarecimiento imparable de los costes de construcción y también de los precios del mercado inmobiliario; o unas tendencias demográficas fuertemente asimétricas a nivel geográfico que producen el perverso efecto doble de una España interior vaciada y un litoral cada vez más poblado, aportando tensiones adicionales sobre el mercado inmobiliario.

Sin embargo, por los tres motivos antes indicados, me permito, desde un sano escepticismo metodológico, un atisbo de esperanza en cuanto a los próximos cuatro años de políticas públicas de vivienda promovidas desde el ámbito estatal. Lo veremos, claro está, pero me encantaría estar en lo cierto y que se despliegue un arsenal de medidas que permita evidenciar un cambio de tendencia en el mercado de vivienda y, por lo tanto, también en la efectividad del derecho de acceso a la vivienda que recoge nuestra Constitución.