Ante la próxima aprobación y promulgación de la Ley por el Derecho a la Vivienda, una de las normas estrella de esta legislatura en el ámbito estatal, me he atrevido a hacer una lectura crítica del proyecto original de ley desde una perspectiva autonómica concreta: la de Baleares.

No es mi intención entrar en cuestiones ideológicas ni criticar los planteamientos de fondo que se hacen en el proyecto de ley, sino más bien analizar algunas cuestiones formales, especialmente en cuanto a la competencia del Estado para regular una materia que corresponde en exclusiva a las CCAA, así como los problemas prácticos que puede suponer la convivencia de una norma estatal con los diferentes regímenes propios autonómicos.