La presidenta del Govern de las Baleares, Marga Prohens, confirma que «fulminará» el mecanismo de expropiación temporal de uso de viviendas desocupadas de grandes tenedores. Hasta aquí, nada sorprendente, más allá de la elección de un verbo tan gráfico para el titular. Lo justifica, en primera instancia, por su falta de efectividad. Es cierto que el resultado en cuanto a número de pisos expropiados fue limitado, pero no así su efecto disuasorio: unas ochocientas viviendas inscritas en el Registro de viviendas desocupadas de grandes tenedores salieron del mismo, precisamente porque fueron alquiladas o vendidas a particulares. Su efectividad, de acuerdo con el diseño de la medida, radicaba en que era un fuerte estímulo para que los grandes tenedores, especialmente los bancos y sus inmobiliarias, agilizasen la puesta en el mercado de sus activos inmobiliarios. No era, por tanto, una medida intervencionista, dado que tenía un escaso alcance, sino una herramienta disuasoria y, como tal, fue efectiva.
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Tras una larga pausa debida a las elecciones locales, este bloc de notas sobre vivienda vuelve a la actividad.
El pasado 26 de mayo se publicaba por fin en el BOE la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda. La iniciativa estrella en materia de vivienda, que se había venido cocinando desde como mínimo 2019, fue objeto de una larguísima tramitación, fruto del desencuentro entre PSOE y Podemos en algunos aspectos esenciales, como la limitación de los precios de alquiler. Por el camino, han caído ministros y secretarios de Estado, sin que por ello avanzara de forma significativa la negociación. Hemos pasado una pandemia mundial, gracias a la cual se creó un escudo social que también tuvo en cuenta en alguna medida las cuestiones de vivienda. Y cuando aún no se había superado completamente esa crisis, una invasión injusta en la frontera de Europa ha disparado los precios —incluyendo los costes de construcción— y los tipos de interés, haciéndonos perder todavía más terreno en el ámbito del acceso a la vivienda.
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El pasado 16 de enero recogían los periódicos la noticia de que el grupo parlamentario de Unidas Podemos había registrado en el Parlamento de las Islas Baleares una proposición de ley. De acuerdo con la información publicada, la iniciativa registrada tenía como objetivo principal modificar la definición de gran tenedor para establecer el límite en 5 viviendas, y no en 10, como consta aún en la Ley 5/2018, de 19 de junio, de vivienda de las Islas Baleares.
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La vivienda protegida o, más concretamente, su déficit histórico, es una de las cuestiones más importantes que debe resolver España si, efectivamente, quiere garantizar un auténtico derecho de acceso a la vivienda, lo que supone no solo la disponibilidad de esas viviendas, sino además un precio al alcance de las familias, tanto en régimen de compra como de alquiler.
Sin embargo, la vivienda protegida o vivienda de protección oficial (VPO en adelante), que tuvo una gran tradición y fue imprescindible para alojar a las familias en su migración del campo a la ciudad, es hoy prácticamente una figura residual, como puede comprobarse con datos estadísticos actualizados.
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