La dificultad de acceso a una vivienda es ya uno de los principales problemas identificados por los ciudadanos a nivel nacional. La importancia de esta cuestión es tal que instituciones con mandato de neutralidad, como el Banco de España, están avanzando en su análisis por su significativo impacto sobre la economía española. Muestra de ello es que, por primera vez, el informe anual del Banco de España para 2023 recoge un capítulo entero dedicado al mercado de la vivienda en España, subtitulado «evolución reciente, riesgos y problemas de accesibilidad», de más de 70 páginas y en el que se hace un análisis bastante exhaustivo desde una perspectiva económica. En informes anuales anteriores, el mercado de vivienda era, en el mejor de los casos, una sección de un apartado, dentro de un capítulo más amplio, como en 2022, en el que, dentro del capítulo titulado «Principales desequilibrios de la economía española», se incluía una sección titulada «el mercado de la vivienda de alquiler residencial en los últimos años», de apenas tres páginas, dentro de un apartado más amplio, denominado «las vulnerabilidades de los hogares».
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Quienes me conocen bien saben que no sufro exactamente de optimismo antropológico. Sin embargo, ante las nuevas coordenadas que se plantean para esta legislatura, sí que me permito un pequeño rayo de esperanza en cuanto a políticas públicas de vivienda de ámbito estatal.
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La presidenta del Govern de las Baleares, Marga Prohens, confirma que «fulminará» el mecanismo de expropiación temporal de uso de viviendas desocupadas de grandes tenedores. Hasta aquí, nada sorprendente, más allá de la elección de un verbo tan gráfico para el titular. Lo justifica, en primera instancia, por su falta de efectividad. Es cierto que el resultado en cuanto a número de pisos expropiados fue limitado, pero no así su efecto disuasorio: unas ochocientas viviendas inscritas en el Registro de viviendas desocupadas de grandes tenedores salieron del mismo, precisamente porque fueron alquiladas o vendidas a particulares. Su efectividad, de acuerdo con el diseño de la medida, radicaba en que era un fuerte estímulo para que los grandes tenedores, especialmente los bancos y sus inmobiliarias, agilizasen la puesta en el mercado de sus activos inmobiliarios. No era, por tanto, una medida intervencionista, dado que tenía un escaso alcance, sino una herramienta disuasoria y, como tal, fue efectiva.
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