El pasado 16 de enero recogían los periódicos la noticia de que el grupo parlamentario de Unidas Podemos había registrado en el Parlamento de las Islas Baleares una proposición de ley. De acuerdo con la información publicada, la iniciativa registrada tenía como objetivo principal modificar la definición de gran tenedor para establecer el límite en 5 viviendas, y no en 10, como consta aún en la Ley 5/2018, de 19 de junio, de vivienda de las Islas Baleares.
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En el debate político y social en torno a la cuestión de la vivienda son muchas las voces que apuntan a la necesidad de movilizar las viviendas vacías. Los lectores de este blog sabrán que soy algo crítico respecto a la idea de que las viviendas desocupadas puedan ser una solución efectiva al problema de la vivienda, dado que no son tantas como se nos ha hecho creer. De nuevo, la idea central es que un problema multifactorial, como es el encarecimiento de los precios inmobiliarios, no puede solucionarse con medidas únicas, sino que necesita también de diferentes aproximaciones y medidas, a nivel fiscal, a nivel tributario, a nivel legal y, llegados a este punto, también medidas de intervención directa en el mercado.
Sin embargo, lo que resulta innegable es que las viviendas que se mantienen desocupadas están incumpliendo su función social, que es la de servir de hogar a las familias. Por lo tanto, aunque las viviendas vacías no sean la solución definitiva al problema de la vivienda, está claro que no pueden obviarse y las administraciones públicas —todas ellas— deben actuar para tratar, en la medida de lo posible, de que recuperen su función social y vuelvan al mercado.
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La relación entre población y vivienda es clara: todos necesitamos un hogar en el que vivir, por lo que una mayor población supone, por lo general, una mayor demanda de vivienda. El pasado 13 de octubre, el INE publicó una proyección del incremento de población que experimentará España entre 2022 y 2037. Baleares es la región que presenta el porcentaje de crecimiento relativo más elevado, con una proyección del 25%, o lo que es lo mismo, 306.142 ciudadanos más. Desafortunadamente, no se proporcionan datos detallados por islas. Si suponemos que el porcentaje será más o menos equivalente para todas las islas —aunque tendría sentido que en Menorca fuera mayor por ser, a día de hoy, la que tiene una menor densidad de población, además de unos menores precios de vivienda—, la población pasaría de las 95.936 personas censadas en 2021 hasta 119.920 habitantes en 2037. Redondeando, supone un incremento de casi 24.000 residentes. Todas estas personas necesitarán un lugar donde vivir, una vivienda o alguna solución habitacional que les permita construir su proyecto de vida en Menorca.
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La vivienda protegida o, más concretamente, su déficit histórico, es una de las cuestiones más importantes que debe resolver España si, efectivamente, quiere garantizar un auténtico derecho de acceso a la vivienda, lo que supone no solo la disponibilidad de esas viviendas, sino además un precio al alcance de las familias, tanto en régimen de compra como de alquiler.
Sin embargo, la vivienda protegida o vivienda de protección oficial (VPO en adelante), que tuvo una gran tradición y fue imprescindible para alojar a las familias en su migración del campo a la ciudad, es hoy prácticamente una figura residual, como puede comprobarse con datos estadísticos actualizados.
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