Como se indicaba en el artículo precedente, un requisito previo para el éxito de cualquier medida legislativa en una materia es confirmar que se dispone de un título competencial suficiente. Tal y como se ha explicado de forma previa, no es suficiente aferrarse al enunciado de que la competencia exclusiva en materia de vivienda corresponde a las CCAA, porque ha quedado ampliamente demostrado que el Estado tiene una capacidad todavía mayor, que se superpone y supera a las normas autonómicas en muchos casos.

Esto es especialmente cierto en la cuestión a la que se refiere esta serie de artículos: plantear un mecanismo de control de precios de alquiler de ámbito autonómico mientras el Congreso debate un proyecto de ley estatal que, entre otras, incluye esta medida, aunque sea de forma limitada y sujeta a más condiciones por parte del Estado.

Corresponde por ello valorar las distintas normas en las que el legislador autonómico balear podría apoyarse para justificar un título competencial suficiente para afrontar la regulación de una medida intervencionista y de gran impacto como la que se estudia aquí.