El problema de acceso a la vivienda en Menorca es un problema generalizado y que, además, va camino de cronificarse. De nada sirve decir que en otros lugares de nuestro archipiélago las cosas van peor, porque este consuelo moral en nada nos ayuda a resolver nuestro problema. No merece la pena insistir de nuevo en la pluralidad de factores que empujan los precios de la vivienda al alza, más allá de los más evidentes: el crecimiento demográfico, la competencia del mercado de alquiler vacacional y las segundas residencias, así como el incremento generalizado de los costes de construcción y del crédito.
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Tras una larga pausa debida a las elecciones locales, este bloc de notas sobre vivienda vuelve a la actividad.
El pasado 26 de mayo se publicaba por fin en el BOE la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda. La iniciativa estrella en materia de vivienda, que se había venido cocinando desde como mínimo 2019, fue objeto de una larguísima tramitación, fruto del desencuentro entre PSOE y Podemos en algunos aspectos esenciales, como la limitación de los precios de alquiler. Por el camino, han caído ministros y secretarios de Estado, sin que por ello avanzara de forma significativa la negociación. Hemos pasado una pandemia mundial, gracias a la cual se creó un escudo social que también tuvo en cuenta en alguna medida las cuestiones de vivienda. Y cuando aún no se había superado completamente esa crisis, una invasión injusta en la frontera de Europa ha disparado los precios —incluyendo los costes de construcción— y los tipos de interés, haciéndonos perder todavía más terreno en el ámbito del acceso a la vivienda.
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La vivienda protegida o, más concretamente, su déficit histórico, es una de las cuestiones más importantes que debe resolver España si, efectivamente, quiere garantizar un auténtico derecho de acceso a la vivienda, lo que supone no solo la disponibilidad de esas viviendas, sino además un precio al alcance de las familias, tanto en régimen de compra como de alquiler.
Sin embargo, la vivienda protegida o vivienda de protección oficial (VPO en adelante), que tuvo una gran tradición y fue imprescindible para alojar a las familias en su migración del campo a la ciudad, es hoy prácticamente una figura residual, como puede comprobarse con datos estadísticos actualizados.
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Tras un necesario mes de descanso desde la última parte de la serie de artículos publicada, esta nueva entrega se concentra en los aspectos prácticos de una regulación de este tipo, dando por hecho que la base teórica se ha justificado adecuadamente en las publicaciones precedentes.
Si hablamos de consideraciones prácticas, estamos hablando al final de oportunidad, de conveniencia, o, lo que es lo mismo, de política. O, como mínimo, de Realpolitik.
La toma de decisiones políticas no se puede desvincular del contexto en el que estas decisiones deben aplicarse, tanto a nivel económico como social y político. Por lo tanto, las consideraciones prácticas a realizar sobre esta posible regulación autonómica de precios máximos son varias. De la respuesta que se dé a esta serie de preguntas dependerá el camino a seguir o incluso la conveniencia de plantear una normativa de este tipo.
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