• ¿Puede una modificación de la Ley de Arrendamientos disparar el precio de los alquileres?

    Según San Francisco de Sales, fue San Bernardo de Claraval el que dejó dicho que “el camino del infierno está empedrado de buenas intenciones”. Hoy traemos a este bloc de notas de vivienda un ejemplo reciente de la vigencia de este aforismo.

    Pero dejemos ya de hablar de santos: la vicepresidenta primera del Parlamento de las Islas Baleares, Gloria Pilar Santiago i Camacho, diputada autonómica por Ibiza por el partido Unidas Podemos, registró el pasado día 30 de enero una proposición de ley que pretende modificar el último párrafo del apartado 1 del artículo 20 de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU). La propuesta llega esta vez en tiempo y forma, y no como en la última proposición de ley planteada por este partido, que desmenuzamos en un artículo anterior. La proximidad de los comicios de mayo parece que está engrasando la actividad de algunos diputados, como es el caso de la Sra. Santiago, que en los más de 44 meses transcurridos desde las últimas elecciones, en las que fue elegida, solo ha presentado dos proposiciones de ley: una modificación del reglamento del Parlamento de Baleares, escrita al alimón con otros cinco diputados de tres partidos, y, en solitario, la que aquí comentaremos a continuación.

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  • Diseccionando la nueva propuesta de modificación de la ley de vivienda en Baleares

    El pasado 16 de enero recogían los periódicos la noticia de que el grupo parlamentario de Unidas Podemos había registrado en el Parlamento de las Islas Baleares una proposición de ley. De acuerdo con la información publicada, la iniciativa registrada tenía como objetivo principal modificar la definición de gran tenedor para establecer el límite en 5 viviendas, y no en 10, como consta aún en la Ley 5/2018, de 19 de junio, de vivienda de las Islas Baleares.

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  • Buscando el norte. Observatorio de vivienda, objetivo nº1: datos.

    Observatorios de vivienda: introducción y objetivos generales.

    La situación actual de la vivienda y la percepción social de la misma, que se ubica ya en la posición undécima de los problemas que más afectan personalmente a la población española, según los datos del barómetro del CIS de noviembre, requieren un esfuerzo decidido por avanzar en la comprensión empírica de cómo nos relacionamos con la vivienda y de qué podemos mejorar. Me refiero al fenómeno de la vivienda y no únicamente al mercado, convencido de que el ámbito de estudio debe abarcar un campo más ambicioso que este último. Esta tarea, inaplazable, debería ser total o parcialmente pública y sobreponerse al entorno político, dotándose de una estructura esencialmente técnica y académica y con vocación de permanencia. Así, debería abordarse en un ámbito donde prime la investigación, el análisis y el desarrollo del conocimiento, y, todo ello debería, además, hacerse desde una perspectiva multidisciplinaria.

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  • Viviendas vacías y ayuntamientos: mucho por hacer

    En el debate político y social en torno a la cuestión de la vivienda son muchas las voces que apuntan a la necesidad de movilizar las viviendas vacías. Los lectores de este blog sabrán que soy algo crítico respecto a la idea de que las viviendas desocupadas puedan ser una solución efectiva al problema de la vivienda, dado que no son tantas como se nos ha hecho creer. De nuevo, la idea central es que un problema multifactorial, como es el encarecimiento de los precios inmobiliarios, no puede solucionarse con medidas únicas, sino que necesita también de diferentes aproximaciones y medidas, a nivel fiscal, a nivel tributario, a nivel legal y, llegados a este punto, también medidas de intervención directa en el mercado.

    Sin embargo, lo que resulta innegable es que las viviendas que se mantienen desocupadas están incumpliendo su función social, que es la de servir de hogar a las familias. Por lo tanto, aunque las viviendas vacías no sean la solución definitiva al problema de la vivienda, está claro que no pueden obviarse y las administraciones públicas —todas ellas— deben actuar para tratar, en la medida de lo posible, de que recuperen su función social y vuelvan al mercado.

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