El pasado 30 de junio el Instituto Nacional de Estadística publicó los Censos de Población y Viviendas 2021. Es, por su alcance y envergadura, una de las publicaciones estadísticas más importantes para determinar la situación de la vivienda en España. Además, esta última edición incluye una nueva metodología para determinar las viviendas vacías en base a sus consumos eléctricos, lo que permite, de una forma objetiva, cuantificar todas aquellas que tienen un uso efectivo inferior al previsto.
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La presidenta del Govern de las Baleares, Marga Prohens, confirma que «fulminará» el mecanismo de expropiación temporal de uso de viviendas desocupadas de grandes tenedores. Hasta aquí, nada sorprendente, más allá de la elección de un verbo tan gráfico para el titular. Lo justifica, en primera instancia, por su falta de efectividad. Es cierto que el resultado en cuanto a número de pisos expropiados fue limitado, pero no así su efecto disuasorio: unas ochocientas viviendas inscritas en el Registro de viviendas desocupadas de grandes tenedores salieron del mismo, precisamente porque fueron alquiladas o vendidas a particulares. Su efectividad, de acuerdo con el diseño de la medida, radicaba en que era un fuerte estímulo para que los grandes tenedores, especialmente los bancos y sus inmobiliarias, agilizasen la puesta en el mercado de sus activos inmobiliarios. No era, por tanto, una medida intervencionista, dado que tenía un escaso alcance, sino una herramienta disuasoria y, como tal, fue efectiva.
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Tras una larga pausa debida a las elecciones locales, este bloc de notas sobre vivienda vuelve a la actividad.
El pasado 26 de mayo se publicaba por fin en el BOE la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda. La iniciativa estrella en materia de vivienda, que se había venido cocinando desde como mínimo 2019, fue objeto de una larguísima tramitación, fruto del desencuentro entre PSOE y Podemos en algunos aspectos esenciales, como la limitación de los precios de alquiler. Por el camino, han caído ministros y secretarios de Estado, sin que por ello avanzara de forma significativa la negociación. Hemos pasado una pandemia mundial, gracias a la cual se creó un escudo social que también tuvo en cuenta en alguna medida las cuestiones de vivienda. Y cuando aún no se había superado completamente esa crisis, una invasión injusta en la frontera de Europa ha disparado los precios —incluyendo los costes de construcción— y los tipos de interés, haciéndonos perder todavía más terreno en el ámbito del acceso a la vivienda.
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Hace unos pocos días, la ínclita señora Neus Truyol Caimari, regidora de urbanismo del Ayuntamiento de Palma y candidata a la alcaldía en las próximas elecciones, sorprendió a propios y a extraños anunciando la futura construcción de viviendas sociales con contenedores marítimos de mercancías.
Se ha levantado mucha polémica al respecto, con declaraciones cruzadas por parte de la oposición sobre la adecuación o no de una solución de este tipo, pero lo cierto es que es una técnica constructiva que se ha demostrado viable y que ya fue utilizada con algún acierto por parte del Ayuntamiento de Barcelona. La “dignidad” de una vivienda no depende en absoluto de las técnicas constructivas que se utilicen, ni tan solo de los materiales empleados, sino de alcanzar una serie de estándares fijados por el Código Técnico de la Edificación y el decreto que regula los criterios de habitabilidad en Baleares.
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