No resulta sencillo construir, sobre la base de la vorágine de datos estadísticos relevantes en este campo, una imagen clara de lo que ha sucedido durante los últimos años en Menorca en cuanto al mercado de viviendas ni lo que está sucediendo con exactitud ahora mismo. Hay mucha información, pero muy dispersa, con datos agregados, y con la dificultad adicional que supone el hecho de que, estadísticamente, las islas no son provincias y, por tanto, no se tratan por separado. Es una de las quejas compartidas, más allá de ideologías, por todos los profesionales que nos dedicamos a tratar de entender lo que está sucediendo con la vivienda: la insuficiencia de datos públicos relevantes, desagregados y con una periodicidad adecuada. Aún así, con un poco de paciencia y algunos métodos cuantitativos sí se puede llegar a algunas conclusiones significativas.
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Quienes me conocen bien saben que no sufro exactamente de optimismo antropológico. Sin embargo, ante las nuevas coordenadas que se plantean para esta legislatura, sí que me permito un pequeño rayo de esperanza en cuanto a políticas públicas de vivienda de ámbito estatal.
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El problema de acceso a la vivienda en Menorca es un problema generalizado y que, además, va camino de cronificarse. De nada sirve decir que en otros lugares de nuestro archipiélago las cosas van peor, porque este consuelo moral en nada nos ayuda a resolver nuestro problema. No merece la pena insistir de nuevo en la pluralidad de factores que empujan los precios de la vivienda al alza, más allá de los más evidentes: el crecimiento demográfico, la competencia del mercado de alquiler vacacional y las segundas residencias, así como el incremento generalizado de los costes de construcción y del crédito.
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El pasado 30 de junio el Instituto Nacional de Estadística publicó los Censos de Población y Viviendas 2021. Es, por su alcance y envergadura, una de las publicaciones estadísticas más importantes para determinar la situación de la vivienda en España. Además, esta última edición incluye una nueva metodología para determinar las viviendas vacías en base a sus consumos eléctricos, lo que permite, de una forma objetiva, cuantificar todas aquellas que tienen un uso efectivo inferior al previsto.
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