La dificultad de acceso a una vivienda es ya uno de los principales problemas identificados por los ciudadanos a nivel nacional. La importancia de esta cuestión es tal que instituciones con mandato de neutralidad, como el Banco de España, están avanzando en su análisis por su significativo impacto sobre la economía española. Muestra de ello es que, por primera vez, el informe anual del Banco de España para 2023 recoge un capítulo entero dedicado al mercado de la vivienda en España, subtitulado «evolución reciente, riesgos y problemas de accesibilidad», de más de 70 páginas y en el que se hace un análisis bastante exhaustivo desde una perspectiva económica. En informes anuales anteriores, el mercado de vivienda era, en el mejor de los casos, una sección de un apartado, dentro de un capítulo más amplio, como en 2022, en el que, dentro del capítulo titulado «Principales desequilibrios de la economía española», se incluía una sección titulada «el mercado de la vivienda de alquiler residencial en los últimos años», de apenas tres páginas, dentro de un apartado más amplio, denominado «las vulnerabilidades de los hogares».
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El problema de acceso a la vivienda en Menorca es un problema generalizado y que, además, va camino de cronificarse. De nada sirve decir que en otros lugares de nuestro archipiélago las cosas van peor, porque este consuelo moral en nada nos ayuda a resolver nuestro problema. No merece la pena insistir de nuevo en la pluralidad de factores que empujan los precios de la vivienda al alza, más allá de los más evidentes: el crecimiento demográfico, la competencia del mercado de alquiler vacacional y las segundas residencias, así como el incremento generalizado de los costes de construcción y del crédito.
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El pasado 30 de junio el Instituto Nacional de Estadística publicó los Censos de Población y Viviendas 2021. Es, por su alcance y envergadura, una de las publicaciones estadísticas más importantes para determinar la situación de la vivienda en España. Además, esta última edición incluye una nueva metodología para determinar las viviendas vacías en base a sus consumos eléctricos, lo que permite, de una forma objetiva, cuantificar todas aquellas que tienen un uso efectivo inferior al previsto.
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La presidenta del Govern de las Baleares, Marga Prohens, confirma que «fulminará» el mecanismo de expropiación temporal de uso de viviendas desocupadas de grandes tenedores. Hasta aquí, nada sorprendente, más allá de la elección de un verbo tan gráfico para el titular. Lo justifica, en primera instancia, por su falta de efectividad. Es cierto que el resultado en cuanto a número de pisos expropiados fue limitado, pero no así su efecto disuasorio: unas ochocientas viviendas inscritas en el Registro de viviendas desocupadas de grandes tenedores salieron del mismo, precisamente porque fueron alquiladas o vendidas a particulares. Su efectividad, de acuerdo con el diseño de la medida, radicaba en que era un fuerte estímulo para que los grandes tenedores, especialmente los bancos y sus inmobiliarias, agilizasen la puesta en el mercado de sus activos inmobiliarios. No era, por tanto, una medida intervencionista, dado que tenía un escaso alcance, sino una herramienta disuasoria y, como tal, fue efectiva.
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