El pasado 30 de junio el Instituto Nacional de Estadística publicó los Censos de Población y Viviendas 2021. Es, por su alcance y envergadura, una de las publicaciones estadísticas más importantes para determinar la situación de la vivienda en España. Además, esta última edición incluye una nueva metodología para determinar las viviendas vacías en base a sus consumos eléctricos, lo que permite, de una forma objetiva, cuantificar todas aquellas que tienen un uso efectivo inferior al previsto.
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La presidenta del Govern de las Baleares, Marga Prohens, confirma que «fulminará» el mecanismo de expropiación temporal de uso de viviendas desocupadas de grandes tenedores. Hasta aquí, nada sorprendente, más allá de la elección de un verbo tan gráfico para el titular. Lo justifica, en primera instancia, por su falta de efectividad. Es cierto que el resultado en cuanto a número de pisos expropiados fue limitado, pero no así su efecto disuasorio: unas ochocientas viviendas inscritas en el Registro de viviendas desocupadas de grandes tenedores salieron del mismo, precisamente porque fueron alquiladas o vendidas a particulares. Su efectividad, de acuerdo con el diseño de la medida, radicaba en que era un fuerte estímulo para que los grandes tenedores, especialmente los bancos y sus inmobiliarias, agilizasen la puesta en el mercado de sus activos inmobiliarios. No era, por tanto, una medida intervencionista, dado que tenía un escaso alcance, sino una herramienta disuasoria y, como tal, fue efectiva.
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Observatorios de vivienda: introducción y objetivos generales.
La situación actual de la vivienda y la percepción social de la misma, que se ubica ya en la posición undécima de los problemas que más afectan personalmente a la población española, según los datos del barómetro del CIS de noviembre, requieren un esfuerzo decidido por avanzar en la comprensión empírica de cómo nos relacionamos con la vivienda y de qué podemos mejorar. Me refiero al fenómeno de la vivienda y no únicamente al mercado, convencido de que el ámbito de estudio debe abarcar un campo más ambicioso que este último. Esta tarea, inaplazable, debería ser total o parcialmente pública y sobreponerse al entorno político, dotándose de una estructura esencialmente técnica y académica y con vocación de permanencia. Así, debería abordarse en un ámbito donde prime la investigación, el análisis y el desarrollo del conocimiento, y, todo ello debería, además, hacerse desde una perspectiva multidisciplinaria.
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La relación entre población y vivienda es clara: todos necesitamos un hogar en el que vivir, por lo que una mayor población supone, por lo general, una mayor demanda de vivienda. El pasado 13 de octubre, el INE publicó una proyección del incremento de población que experimentará España entre 2022 y 2037. Baleares es la región que presenta el porcentaje de crecimiento relativo más elevado, con una proyección del 25%, o lo que es lo mismo, 306.142 ciudadanos más. Desafortunadamente, no se proporcionan datos detallados por islas. Si suponemos que el porcentaje será más o menos equivalente para todas las islas —aunque tendría sentido que en Menorca fuera mayor por ser, a día de hoy, la que tiene una menor densidad de población, además de unos menores precios de vivienda—, la población pasaría de las 95.936 personas censadas en 2021 hasta 119.920 habitantes en 2037. Redondeando, supone un incremento de casi 24.000 residentes. Todas estas personas necesitarán un lugar donde vivir, una vivienda o alguna solución habitacional que les permita construir su proyecto de vida en Menorca.
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