El problema de acceso a la vivienda en Menorca es un problema generalizado y que, además, va camino de cronificarse. De nada sirve decir que en otros lugares de nuestro archipiélago las cosas van peor, porque este consuelo moral en nada nos ayuda a resolver nuestro problema. No merece la pena insistir de nuevo en la pluralidad de factores que empujan los precios de la vivienda al alza, más allá de los más evidentes: el crecimiento demográfico, la competencia del mercado de alquiler vacacional y las segundas residencias, así como el incremento generalizado de los costes de construcción y del crédito.
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Según San Francisco de Sales, fue San Bernardo de Claraval el que dejó dicho que “el camino del infierno está empedrado de buenas intenciones”. Hoy traemos a este bloc de notas de vivienda un ejemplo reciente de la vigencia de este aforismo.
Pero dejemos ya de hablar de santos: la vicepresidenta primera del Parlamento de las Islas Baleares, Gloria Pilar Santiago i Camacho, diputada autonómica por Ibiza por el partido Unidas Podemos, registró el pasado día 30 de enero una proposición de ley que pretende modificar el último párrafo del apartado 1 del artículo 20 de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU). La propuesta llega esta vez en tiempo y forma, y no como en la última proposición de ley planteada por este partido, que desmenuzamos en un artículo anterior. La proximidad de los comicios de mayo parece que está engrasando la actividad de algunos diputados, como es el caso de la Sra. Santiago, que en los más de 44 meses transcurridos desde las últimas elecciones, en las que fue elegida, solo ha presentado dos proposiciones de ley: una modificación del reglamento del Parlamento de Baleares, escrita al alimón con otros cinco diputados de tres partidos, y, en solitario, la que aquí comentaremos a continuación.
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Tras un necesario mes de descanso desde la última parte de la serie de artículos publicada, esta nueva entrega se concentra en los aspectos prácticos de una regulación de este tipo, dando por hecho que la base teórica se ha justificado adecuadamente en las publicaciones precedentes.
Si hablamos de consideraciones prácticas, estamos hablando al final de oportunidad, de conveniencia, o, lo que es lo mismo, de política. O, como mínimo, de Realpolitik.
La toma de decisiones políticas no se puede desvincular del contexto en el que estas decisiones deben aplicarse, tanto a nivel económico como social y político. Por lo tanto, las consideraciones prácticas a realizar sobre esta posible regulación autonómica de precios máximos son varias. De la respuesta que se dé a esta serie de preguntas dependerá el camino a seguir o incluso la conveniencia de plantear una normativa de este tipo.
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Ante la próxima aprobación y promulgación de la Ley por el Derecho a la Vivienda, una de las normas estrella de esta legislatura en el ámbito estatal, me he atrevido a hacer una lectura crítica del proyecto original de ley desde una perspectiva autonómica concreta: la de Baleares.
No es mi intención entrar en cuestiones ideológicas ni criticar los planteamientos de fondo que se hacen en el proyecto de ley, sino más bien analizar algunas cuestiones formales, especialmente en cuanto a la competencia del Estado para regular una materia que corresponde en exclusiva a las CCAA, así como los problemas prácticos que puede suponer la convivencia de una norma estatal con los diferentes regímenes propios autonómicos.
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