La dificultad de acceso a una vivienda es ya uno de los principales problemas identificados por los ciudadanos a nivel nacional. La importancia de esta cuestión es tal que instituciones con mandato de neutralidad, como el Banco de España, están avanzando en su análisis por su significativo impacto sobre la economía española. Muestra de ello es que, por primera vez, el informe anual del Banco de España para 2023 recoge un capítulo entero dedicado al mercado de la vivienda en España, subtitulado «evolución reciente, riesgos y problemas de accesibilidad», de más de 70 páginas y en el que se hace un análisis bastante exhaustivo desde una perspectiva económica. En informes anuales anteriores, el mercado de vivienda era, en el mejor de los casos, una sección de un apartado, dentro de un capítulo más amplio, como en 2022, en el que, dentro del capítulo titulado «Principales desequilibrios de la economía española», se incluía una sección titulada «el mercado de la vivienda de alquiler residencial en los últimos años», de apenas tres páginas, dentro de un apartado más amplio, denominado «las vulnerabilidades de los hogares».
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El problema de acceso a la vivienda en Menorca es un problema generalizado y que, además, va camino de cronificarse. De nada sirve decir que en otros lugares de nuestro archipiélago las cosas van peor, porque este consuelo moral en nada nos ayuda a resolver nuestro problema. No merece la pena insistir de nuevo en la pluralidad de factores que empujan los precios de la vivienda al alza, más allá de los más evidentes: el crecimiento demográfico, la competencia del mercado de alquiler vacacional y las segundas residencias, así como el incremento generalizado de los costes de construcción y del crédito.
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Según San Francisco de Sales, fue San Bernardo de Claraval el que dejó dicho que “el camino del infierno está empedrado de buenas intenciones”. Hoy traemos a este bloc de notas de vivienda un ejemplo reciente de la vigencia de este aforismo.
Pero dejemos ya de hablar de santos: la vicepresidenta primera del Parlamento de las Islas Baleares, Gloria Pilar Santiago i Camacho, diputada autonómica por Ibiza por el partido Unidas Podemos, registró el pasado día 30 de enero una proposición de ley que pretende modificar el último párrafo del apartado 1 del artículo 20 de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU). La propuesta llega esta vez en tiempo y forma, y no como en la última proposición de ley planteada por este partido, que desmenuzamos en un artículo anterior. La proximidad de los comicios de mayo parece que está engrasando la actividad de algunos diputados, como es el caso de la Sra. Santiago, que en los más de 44 meses transcurridos desde las últimas elecciones, en las que fue elegida, solo ha presentado dos proposiciones de ley: una modificación del reglamento del Parlamento de Baleares, escrita al alimón con otros cinco diputados de tres partidos, y, en solitario, la que aquí comentaremos a continuación.
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Tras un necesario mes de descanso desde la última parte de la serie de artículos publicada, esta nueva entrega se concentra en los aspectos prácticos de una regulación de este tipo, dando por hecho que la base teórica se ha justificado adecuadamente en las publicaciones precedentes.
Si hablamos de consideraciones prácticas, estamos hablando al final de oportunidad, de conveniencia, o, lo que es lo mismo, de política. O, como mínimo, de Realpolitik.
La toma de decisiones políticas no se puede desvincular del contexto en el que estas decisiones deben aplicarse, tanto a nivel económico como social y político. Por lo tanto, las consideraciones prácticas a realizar sobre esta posible regulación autonómica de precios máximos son varias. De la respuesta que se dé a esta serie de preguntas dependerá el camino a seguir o incluso la conveniencia de plantear una normativa de este tipo.
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