La presidenta del Govern de las Baleares, Marga Prohens, confirma que «fulminará» el mecanismo de expropiación temporal de uso de viviendas desocupadas de grandes tenedores. Hasta aquí, nada sorprendente, más allá de la elección de un verbo tan gráfico para el titular. Lo justifica, en primera instancia, por su falta de efectividad. Es cierto que el resultado en cuanto a número de pisos expropiados fue limitado, pero no así su efecto disuasorio: unas ochocientas viviendas inscritas en el Registro de viviendas desocupadas de grandes tenedores salieron del mismo, precisamente porque fueron alquiladas o vendidas a particulares. Su efectividad, de acuerdo con el diseño de la medida, radicaba en que era un fuerte estímulo para que los grandes tenedores, especialmente los bancos y sus inmobiliarias, agilizasen la puesta en el mercado de sus activos inmobiliarios. No era, por tanto, una medida intervencionista, dado que tenía un escaso alcance, sino una herramienta disuasoria y, como tal, fue efectiva.

En cualquier caso, el gobierno del PP ha decidido eliminar la medida, en lugar de simplemente inaplicarla, como podrían hacer sin pérdida de tiempo. Es muy curioso, aunque a nadie pueda sorprender, que la primera medida que toma este gobierno en materia de vivienda sea para proteger a las entidades financieras y a las inmobiliarias vinculadas a los grandes fondos de inversión, y no a los ciudadanos, cuando seguimos en la peor crisis de vivienda que haya visto nuestro archipiélago. Dado que han anunciado que esta modificación la harán por decreto-ley, deberán justificar además su urgente necesidad… Supongo que tendrán la cortesía de explicarla de forma previa en la Mesa Autonómica de Vivienda antes de aprobarla.

La otra justificación que emplea el tándem Prohens-Vidal es que dicha medida era intervencionista. Y, digo yo, ¿no es ése el único objetivo de las políticas públicas? Tratar de corregir todo aquello que, por sí mismo, no funciona, precisamente para salvaguardar el interés de todos los ciudadanos. Pero la agenda liberal obliga a volver a este Estado mínimo, un Estado que no puede ni quiere intervenir en el reino del sacrosanto mercado que, al parecer, siempre tiene razón.

Y, de hecho, así es a nivel formal: como economista estoy convencido de que el libre mercado, al alcanzar un equilibrio, es el mecanismo que consigue el reparto más eficiente de los recursos. Pero ese reparto eficiente de los recursos, entendido siempre desde una perspectiva únicamente económica, en el caso del mercado inmobiliario produce la expulsión de los residentes. Cuando el resultado del libre mercado es eficiente pero injusto, corresponde al poder público establecer los mecanismos necesarios para que recupere la equidad.

Conviene aquí hacer un breve recordatorio: la ley que posibilitó la expropiación temporal de uso de viviendas desocupadas de los grandes tenedores en Baleares fue la Ley de Expropación Forzosa, promulgada en 1954, una época en la que España no era precisamente de izquierdas. En ese mismo período histórico se intervinieron diversos mercados para garantizar el acceso a bienes y servicios básicos para la ciudadanía, además de evitar la especulación, como en el caso de la harina de trigo, en la que se fijaron precios máximos o, sorprendentemente, los alquileres de vivienda, con una congelación de precios hoy conocida como «renta antigua», que facilitó a muchas familias una vida digna.

Sin embargo, esta nueva derecha liberal, a diferencia de aquella, ha trasladado su fe desde los altares hacia el libre mercado, bajo la premisa de su presunta infalibilidad. También como economista, permítanme hacer un dibujo de lo que nos espera en Baleares si dejamos al mercado a su libre albedrío. Durante 2022 se cerraron en el archipiélago 19.006 compraventas de vivienda por un importe total declarado de 7.546 millones de euros. Por poner esta cifra en perspectiva, el mercado de vivienda movió más dinero que el presupuesto público de la Comunidad Autónoma correspondiente a 2023, que fue el más alto de la historia, con 7.133 millones de euros. Más interesante todavía es hacer una sencilla división para determinar cuál fue el precio medio de compraventa de una vivienda en Baleares: 397.000 €, o lo que es lo mismo, más de 12 veces la renta familiar media, o, si lo prefieren, 17 veces el sueldo anual bruto medio.

Si analizamos el mercado actual, nos encontramos en este momento 28.659 viviendas en venta anunciadas en el principal portal inmobiliario por un valor acumulado de 38.456 millones. O, lo que es lo mismo: las viviendas hoy en venta tienen un precio que supera el PIB anual de Baleares. Haciendo la misma operación de división que antes, resulta un precio medio de más de 1,3 millones de euros por vivienda. Sin poder dar por bueno este valor como precio medio de mercado, sí que resulta ilustrativo de hacia dónde se mueve el mercado: sector de lujo, turismo residencial, orientado a compradores no residentes.

En paralelo, el Instituto Nacional de Estadística prevé hasta 2036 un incremento de población residente en Baleares del 25%, 306.142 personas en total, correspondiendo la mitad de esta cifra a crecimientos no vegetativos. Para alojar  esta población harán falta más de 110.000 viviendas.

Aquí es donde empieza la lógica perversa del libre mercado: si las estadísticas apuntan a este crecimiento tan fuerte de población será imprescindible construir estas viviendas y, por lo tanto, se podrá justificar la localización y generación del suelo oportuno para ello. Atendiendo a la receta histórica del PP en estos ámbitos, apostarán por una liberalización absoluta del suelo y una relajación de las normas urbanísticas y las restricciones medioambientales, como ya han adelantado públicamente y se confirma al ver que la Comisión de Medioambiente pasa a depender jerárquicamente de la Consejería de Vivienda, Territorio y Movilidad, a cargo de la Sra. Vidal que ya demostró un talante fuertemente expeditivo en su etapa como consejera en Menorca.

Dejando aparte cualquier consideración ideológica y centrándonos únicamente en el aspecto económico, de mercado, la trampa está en que si este nuevo suelo que se genere no se reserva para vivienda protegida en edificios plurifamiliares, que es el único tipo de vivienda que queda hoy sujeto a precio máximo y se puede reservar a los residentes, los promotores seguirán construyendo vivienda de lujo, destinada en muchos casos a su explotación turística. Esto provocará el encarecimiento del precio medio de la vivienda y acelerará la expulsión de los residentes. El antecedente directo de estas liberalizaciones de suelo y sus consecuencias es la crisis económica de 2008. Si esta es la receta del actual Govern del PP, el libre mercado no traerá consigo más que una mayor precarización de las familias: crecimiento económico sí, por supuesto, pero mal distribuido, sin aportar prosperidad económica a todos los ciudadanos.

Además, potenciar la construcción y el turismo como los únicos motores de crecimiento de Baleares puede ser una receta muy efectiva a corto plazo, pero que hipoteca el futuro de nuestras islas. Si solo podemos crecer económicamente consumiendo territorio, en un archipiélago con un territorio tan limitado, ¿qué pasará cuando se acabe el suelo? Por no hablar de otros recursos todavía más escasos, como el agua, de la que apenas se está hablando en el nuevo gobierno. La falta de diversificación nos hace mucho más vulnerables, especialmente al centrarnos en el turismo, que es un mercado muy competitivo en precios y altamente volátil.

Agilizar las tramitaciones urbanísticas no debería hacerse eliminando garantías, sino añadiendo recursos. La política pública de vivienda debería apostar por potenciar la vivienda protegida, tanto de promoción pública para alquiler social como de promoción privada a precio asequible, tanto en venta como en alquiler, para hacer efectivo el derecho a la vivienda para todas las familias de Baleares.

Como conclusión a estas líneas me gustaría recordarles a todos, pero especialmente a nuestros nuevos gobernantes, la célebre frase del economista Kenneth Boulding: «el que crea que un mundo finito puede albergar un crecimiento infinito, o es un loco o es un economista». Desgraciadamente, en este mundo nuestro de las Baleares, bastante más pequeño, nos consta que la Sra. Prohens no es economista.