Hace unos pocos días, la ínclita señora Neus Truyol Caimari, regidora de urbanismo del Ayuntamiento de Palma y candidata a la alcaldía en las próximas elecciones, sorprendió a propios y a extraños anunciando la futura construcción de viviendas sociales con contenedores marítimos de mercancías.

Se ha levantado mucha polémica al respecto, con declaraciones cruzadas por parte de la oposición sobre la adecuación o no de una solución de este tipo, pero lo cierto es que es una técnica constructiva que se ha demostrado viable y que ya fue utilizada con algún acierto por parte del Ayuntamiento de Barcelona. La “dignidad” de una vivienda no depende en absoluto de las técnicas constructivas que se utilicen, ni tan solo de los materiales empleados, sino de alcanzar una serie de estándares fijados por el Código Técnico de la Edificación y el decreto que regula los criterios de habitabilidad en Baleares.

Pero quizás la polvareda nos impida ver lo que para mí es la noticia: el ayuntamiento de la capital de las Islas Baleares, una ciudad que concentra una tercera parte de la población del archipiélago, tras dos legislaturas completas de pacto de fuerzas de izquierda, se decide ahora por fin a construir viviendas. No lo había hecho hasta el momento, si bien es cierto que sí que había cedido suelo al Govern para que el IBAVI construyera VPO.

De confirmarse, es un cambio de tendencia importante: Palma, como cualquier ayuntamiento, a diferencia de los Consejos Insulares, sí que es estatutariamente competente en materia de vivienda, por lo que puede (y debe) dar los pasos necesarios para incrementar el parque de viviendas públicas que gestiona, labor que no había desarrollado hasta ahora.

En cualquier caso, reconozco que me sorprendió que el partido de la Sra. Truyol, Més per Mallorca, estableciera la vivienda como uno de los ejes centrales de su política, tal y como anunció el pasado fin de semana. Y digo que me sorprende porque las políticas de presunto proteccionismo territorial que plantea son difícilmente compatibles con una adecuada política de vivienda. Como nos recuerda el refranero, no se puede estar en misa y repicando.

De hecho, yendo incluso un poco más allá, creo que no sería faltar a la verdad indicar que parte del problema de vivienda que sufren las islas en estos momentos son consecuencia directa de algunas de sus decisiones. Como la afirmación es algo dura, merece la pena poner algunos ejemplos de ello.

En primer lugar, las sucesivas descalificaciones de suelo urbanizable, que tenían un claro afán de protección territorial y paisajística, muy loable, pero que han costado unas indemnizaciones millonarias que aún no han acabado y, en otro caso, se podrían estar destinando a hacer una auténtica política de vivienda pública por parte de las administraciones competentes.

En segundo lugar, por la falta de valor político para tomar otras decisiones que sí son verdaderamente conservacionistas y que no tendrían un impacto directo en la situación del mercado de vivienda, como son, por ejemplo, prohibir definitivamente la construcción de vivienda en suelo rústico, como se hizo con mucho acierto y buenos resultados en Menorca, donde no se puede construir en suelo rústico, protegido o no, por más metros o hectáreas que se tengan. La construcción de vivienda en suelo rústico tiene un gran impacto paisajístico, pero, sobre todo, medioambiental, dado que no disponen de las infraestructuras necesarias y obligan a realizar grandes acometidas y tendidos, además de necesitar de accesos. El mantenimiento con dinero público de estas infraestructuras no es eficiente. Una dispersión territorial así genera muchos problemas adicionales, porque, en general, -y por citar algunas cuestiones básicas- el agua que se pierde en una canalización es proporcional a la longitud de la misma, o la energía que se necesita para bombear el alcantarillado hasta las depuradoras, si es que hay alcantarillado, claro. Por no hablar del impacto que tienen estas viviendas dispersas sobre los servicios públicos, la red viaria, etc.

Si Més per Mallorca fuera de verdad un partido con una conciencia medioambiental y una vocación por la sostenibilidad, en lugar de impedir el crecimiento de los núcleos de población ya consolidados, como ha hecho, debería prohibir definitivamente la construcción en rústico. Los datos históricos de Menorca demuestran que fue un acierto y, de hecho, es un debate social cerrado: el consenso es completo e incluso los partidos de la derecha más reaccionaria dan por bueno el status quo y no han planteado en ningún momento legalizar nuevamente la construcción en suelo rústico. ¿Por qué, si se define como una fuerza ecosoberanista, no toma esta decisión y la incluye en sus flamante programa electoral? Pues muy sencillamente porque sabe que se enfrentaría a un posible coste electoral que no está dispuesto a asumir. Ésta es la triste verdad: las decisiones que se deberían tomar ni se plantean por el miedo al castigo en las urnas. Para mí, esto no es dignidad ni estratregia: es simple y llanamente cobardía.

Pero sigamos con otros ejemplos de porqué la política de Més ha sido directamente perjudicial en materia de vivienda. En 2017 y 2018, mientras se elaboraba y negociaba la que sería la Ley 5/2018, de 19 de junio, de vivienda de Baleares, fue Més per Mallorca quien forzó la eliminación de las dos únicas medidas urbanísticas previstas en dicha ley: una, la posibilidad de convertir locales comerciales y oficinas en viviendas, siempre que formasen parte de edificios de uso principalmente residencial y cumplieran todos los criterios técnicos y de habitabilidad; otra, la posibilidad de dividir las grandes viviendas, normalmente ubicadas en los centros históricos de los municipios, en viviendas más pequeñas. Estas viviendas de tamaños desmesurados, cuyo mantenimiento supone una ruina para sus propietarios, solo tienen dos destinos posibles: el abandono y la ruina, o bien, que acaben en manos de acaudalados extranjeros. Posibilitar la creación de viviendas más pequeñas permitiría, además, fijar población en los centros históricos, cada vez más abandonados y turistificados. Ambas medidas habrían permitido crear vivienda sin necesidad de consumir ni un metro cuadrado de territorio adicional, y tendrían mucho sentido, especialmente en los barrios periféricos donde los locales comerciales están abandonados por no tener ninguna salida comercial, lo que degrada edificios y barrios.

Pese a tener todo el sentido del mundo, Més per Mallorca se mantuvo en sus trece y forzó la eliminación de estas dos normas que habrían tenido un impacto muy positivo en la situación del derecho de acceso a la vivienda.

De hecho, puedo contar algún entresijo adicional de aquellas negociaciones, como el hecho de que hubo que mantener diversas reuniones sobre el alcance de la figura de los grandes tenedores para asegurar que la familia de algún representante de Més en el Parlament quedase fuera de la definición de lo que es un gran tenedor de vivienda. Dignidad política en su máxima expresión.

No querría acabar este artículo breve sin referirme a Son Busquets, ese antiguo acuartelamiento cuya única función durante los últimos años parece consistir en hacer de telón de fondo para las fotos de campaña de los distintos partidos. Una vez más, las hemos tenido y las tendremos con motivo de las próximas elecciones. Y, una vez más, no se verá ni una máquina trabajando allí durante la próxima legislatura. Esto es así gracias a las gestiones de la Sra. Truyol como regidora de urbanismo, ya que fue ella quien decidió no seguir con la tramitación del PERI aprobado inicialmente, lo que supone echar por la borda años de trabajo. Incluso dando por buena esta parte, podría haber incluido en el nuevo PGOU de Palma el detalle suficiente respecto a Son Busquets como para que tuviera consideración de suelo directamente ordenado. De hacerlo así, una vez aprobado definitivamente el PGOU, se podría haber iniciado la urbanización de los terrenos sin necesidad de tramitar desde cero un nuevo PERI, que es la situación en la que nos encontramos ahora. Para que pueda entrar la primera máquina en Son Busquets hará falta aprobar definitivamente el PGOU y, a continuación, iniciar la tramitación de un nuevo PERI (Plan Especial de Reforma Interior). Siendo optimistas, esto puede suponer 6 u 8 años de tramitación desde hoy… dos legislaturas más perdidas, sin vivienda en el último gran desarrollo de la Palma urbana, por haber tomado conscientemente decisiones incorrectas desde el punto de vista de vivienda.

Del nuevo Plan General de Palma habría otras muchas cosas que decir, especialmente desde el ámbito de vivienda. O también podríamos hablar de los inexplicables y excesivos plazos de concesión de licencias urbanísticas por parte del Ayuntamiento de Palma, área de gestión que también recae directamente sobre los poderosos hombros de la Sra. Truyol, y que afecta a otros desarrollos también importantes en materia de vivienda.

En fin. Juzguen ustedes mismos si todo lo que les he explicado hasta aquí basta para hacer de la vivienda un eje central de las políticas de un partido. Insisto: el problema de la vivienda nos afecta a todos en Baleares y no hará sino agravarse. En lugar de ocurrencias, en lugar de titulares, de verdad que merece la pena abrir un gran diálogo social en el que se pueda llegar a acuerdos.

Lo importante, en vivienda, a día de hoy, no es el contenedor, sino el contenido.