Tras una larga pausa debida a las elecciones locales, este bloc de notas sobre vivienda vuelve a la actividad.

El pasado 26 de mayo se publicaba por fin en el BOE la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda. La iniciativa estrella en materia de vivienda, que se había venido cocinando desde como mínimo 2019, fue objeto de una larguísima tramitación, fruto del desencuentro entre PSOE y Podemos en algunos aspectos esenciales, como la limitación de los precios de alquiler. Por el camino, han caído ministros y secretarios de Estado, sin que por ello avanzara de forma significativa la negociación. Hemos pasado una pandemia mundial, gracias a la cual se creó un escudo social que también tuvo en cuenta en alguna medida las cuestiones de vivienda. Y cuando aún no se había superado completamente esa crisis, una invasión injusta en la frontera de Europa ha disparado los precios —incluyendo los costes de construcción— y los tipos de interés, haciéndonos perder todavía más terreno en el ámbito del acceso a la vivienda.

Así las cosas, las elecciones locales y autonómicas —en las que se elegían las cámaras legislativas y los gobiernos de 12 de las 16 CCAA y las dos ciudades autónomas— del pasado 28 de mayo han redibujado el mapa político del país, con un indiscutible avance de la derecha, en muchos casos aupada a los altares gracias a pactos más o menos expresos con la ultraderecha.

Salvo sorpresas de última hora, esto supone que la Ley por el derecho a la vivienda solo se aplicará en toda su extensión en Cataluña y podría ser aplicada también en Asturias y Castilla-La Mancha, donde los problemas de acceso a la vivienda no son comparables a los de otras regiones de España. Diferentes barones del PP ya habían anunciado que no aplicarían la Ley en sus respectivos territorios y, de hecho, incluyeron esto en su programa electoral.

Es cierto que la Ley abre la puerta a que sean los propios ayuntamientos los que declaren las zonas tensionadas, dado que su artículo 18 utiliza una fórmula exquisitamente ambigua: «las Administraciones competentes en materia de vivienda«. Sin embargo, las principales capitales de provincia y ciudades importantes también han quedado en manos de PP y Vox, que aseguraron que no aplicarían la norma.

Esta es por tanto la primera certeza: la ley solo se aplicará de forma marginal en toda su extensión, y, lo que es más: al no proliferar las declaraciones de zona de mercado residencial tensionado no habrá precios máximos, ni limitaciones a los precios entre contratos sucesivos y, lo que es peor: supondrá un incremento de las deducciones fiscales a los propietarios de viviendas que decidan alquilarlas, pasando la reducción del 60% al 50%.

En cuanto a las incertidumbres, muchas otras medidas dependerán de los gobiernos autonómicos, que pueden optar por no aplicarlas, dado que las competencias de vivienda y urbanismo, así como la regulación de la vivienda protegida, son exclusivas de las Comunidades Autónomas, por lo que es dudoso que una norma de rango legal de ámbito estatal pueda obligarlas, como ya apuntó en su momento el contundente informe del Consejo General del Poder Judicial.

Hay una incertidumbre adicional que puede obstaculizar la aplicación efectiva de la Ley, y es que se han convocado elecciones generales para el próximo día 23 de julio. Los últimos sondeos otorgan a la suma de PP y Vox prácticamente una mayoría absoluta a poco más de un mes de las elecciones, por lo que quizás, el órdago del presidente Sánchez de adelantar la convocatoria de elecciones puede demostrarse fallido. En el caso de que haya un cambio de color político del Gobierno estatal, el candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado que derogará todas las normas en las que haya participado EH Bildu, lo que incluiría la Ley por el derecho a la vivienda, cuyo empuje final vino dado, precisamente, por esta fuerza y ERC. Incluso aunque no se derogase, lo que resulta evidente es que no se aplicaría ni se procedería a su desarrollo reglamentario, lo que dejaría sin efecto —incluso aunque hubiera voluntad por parte de alguna CCAA o ayuntamiento— la regulación de precios máximos de alquiler para grandes tenedores en las zonas tensionadas, el incremento máximo entre contratos sucesivos o incluso la actualización de renta anual máxima a partir de 2025.

Aparte de esto, tanto PP como Vox apuestan en sus programas electorales por facilitar los desahucios y eliminar las garantías adicionales que a nivel procesal se han establecido para las familias en situación vulnerable, lo que supondrá de facto derogar buena parte de la Ley por el derecho a la vivienda, en lo que ésta modificaba la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil o el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19.

Por lo tanto, y a falta de analizar el detalle de las propuestas concretas de los distintos partidos políticos, lo que sí parece claro es que la aplicación plena de la Ley por el derecho a la vivienda es ya una entelequia y que, si se confirma en las elecciones generales el cambio de tendencia de las municipales, la misma ley podría tener los días contados.

La Ley por el derecho a la vivienda, que no está exenta de problemas técnicos y de algunas decisiones polémicas, merecía en todo caso un mejor destino que el que le auguro aquí. Desarrollar el derecho constitucional de acceso a la vivienda mediante una ley propia era algo imprescindible, pero si la Ley subsiste, será de una forma totalmente descafeinada, sin contenidos relevantes.

Más preocupante es escuchar algunas voces cada vez más mayoritarias en el PP insistiendo en que el problema de falta de vivienda en determinados territorios y su encarecimiento podrían solucionarse con una liberalización absoluta del suelo. Sabemos exactamente a qué nos condujo una medida de este tipo y las consecuencias que tuvo para España, de las que aún no nos hemos recuperado plenamente.

Desde este blog y en donde haga falta seguiré insistiendo en la idea central de que la vivienda no puede tratarse únicamente como un bien de mercado que se compra y se vende, que, además, por sus plusvalías acumuladas y revalorización constante, es óptimo para la especulación por parte de las grandes acumulaciones de capital. Seguramente seremos testigos de una remercantilización de la vivienda, con una liberalización a ultranza como la que se ha seguido en la Comunidad Autónoma de Madrid.

La vivienda es mucho más, ya que sin acceso a la vivienda los ciudadanos pierden otros muchos derechos, incluso fundamentales. Una vida digna exige disponer de un lugar al que poder llamar hogar y corresponde a los poderes públicos promover de forma efectiva este objetivo. Seguiré luchando por ello desde donde haga falta.